Por Marco Lara Klahr
Cada cierto tiempo, la industria de las noticias alude a la Policía Comunitaria de Guerrero
y otros grupos que reivindican acciones autogestivas de seguridad y
justicia en ese estado, como «autodefensas», expresión del «México
salvaje» que hacen «justicia por propia mano» a través de «inéditos
juicios comunitarios».
Esta discursividad ambigua,
discriminatoria y maliciosa denota ignorancia, pereza y mala fe. Tal
generalización ahonda la vulnerabilidad de las decenas de comunidades
guerrerenses, predominantemente indígenas, que han optado en las dos
últimas décadas por este mecanismo de intervención ciudadana ―de suyo
controvertido.
Es inaceptable que, no obstante la
vastedad de la Web, los periodistas sigamos informando como en el siglo
XIX. Comenzando por el sitio de la Policía Comunitaria de Guerrero, existe suficiente información, la cual incluye los estupendos documentales:
- Cuando la justicia se hace pueblo [Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica/Montaña, AC, y Promedios de Comunicación Comunitaria, AC; realizador, Carlos Pérez R., 2002]
- Policía Comunitaria de Guerrero [De Raíz Luna, Canal 22, conducido por Mardonio Carballo, 2008]
Estas valiosas fuentes informativas y mi reporteo durante décadas por Guerrero me permiten afirmar que la Policía Comunitaria
no es nueva ni improvisada: ante la crisis de inseguridad desatada el
primer lustro de los noventa ―por ineptitud, arbitrariedad y corrupción
de la fuerza pública―, en 1995 comunidades de la Costa Chica y La
Montaña fundaron su policía.
Dieciocho años después poseen ya su Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero,
en 77 comunidades cafetaleras tlapanecas, mixtecas, amuzgas y mestizas,
a través de 12 municipios, con casi mil agentes comunitarios.
Si originalmente vigilaba y hacía
aprehensiones, frustradas porque el ministerio público liberaba sin
averiguación a las personas que la Policía Comunitaria le entregaba, las comunidades añadieron su proceso por usos y costumbres, normas y sitios de reclusión.
Es interesante que: a) llamen al
detenido «preso de reeducación»; b) valoren como atenuantes el que este
sea respetuoso; c) la pena que le imponen ―mínima de tres meses― implica
realizar trabajo durante 15 días en cada comunidad, bajo custodia y
cuidado de los agentes locales, siendo alimentado por los pobladores y,
al final de la jornada, recibiendo «pláticas de reflexión» y orientación
del consejo de ancianos.
Ahora bien, ¿la exhibición de personas
en El Mezón [Ayutla de los Libres], el 31 de enero [2013], señaladas de
pertenecer al crimen, vender droga, robar, violar, secuestrar, torturar o
extorsionar, se relaciona con la Policía Comunitaria de Guerrero mencionada?
No, y así lo clarificó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero: el show mediático corrió por cuenta de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
La Policía Comunitaria de Guerrero
ha padecido desde su origen la hostilidad de las instituciones, y nunca
se ha propuesto combatir al crimen organizado ―que también la agrede―,
sino solo llevar seguridad y paz. En contraste, esa nueva «Policía
Comunitaria» de los juicios mediáticos en El Mezón podría estar siendo
inducida por el Ejército, la Policía Federal y los cuerpos estatales de
seguridad, en algunos casos quizá asociados a grupos delincuenciales. O
tal vez no. Pero debemos estar alerta.
Que a su pesar los ciudadanos asuman su
propia seguridad denota la incapacidad del Estado para proveer
seguridad, justicia y paz. Es el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, que además se inspira ―según ciertas reivindicaciones y las letras de un corrido y un son de tarima ― en Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.
Pero si el tribunal mediático en El
Mezón es el inicio de la paramilitarización extensiva en la zona, con
fuerzas del Estado o grupos criminales empoderando a «autodefensas» para
también reprimir la organización social, eso ya es un giro autoritario
del gobierno de Enrique Peña Nieto.
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