Zenaida Pastrana de la Cruz

Por Marco Lara Klahr

CULIACÁN.— El principio de presunción de inocencia, establece el Artículo 20 constitucional, es el derecho «de toda persona imputada» «a que se presuma su inocencia mientras no se declara su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez». Sencillo y hasta aburrido, ¿verdad? Pero plasmarlo en la Constitución es una cosa y otra conseguir que los ciudadanos lo incorporemos a nuestro acervo de valores cívicos —indispensable para convivir en paz y para una calidad de vida digna.

En el transcurrir de un taller en el que participamos aquí una veintena de periodistas, reflexionábamos sobre el origen de los «juicios mediáticos» o de clichés tan socorridos del tipo «presunto culpable de tal delito», «presunto narcotraficante» o «presunto homicida».

Algunas argumentaciones suenan fantásticas: «Según, la ley permite que la autoridad nos presente a los detenidos y nosotros tomemos datos e imágenes para publicarlos»; «antes de la reforma constitucional de 2008 la ley hablaba de que los detenidos eran presuntos culpables», o bien, «ahora las personas detenidas son ¡presuntas inocentes!».

Diversas escuelas sociológicas y filosóficas han explicado los «juicios mediáticos», pero durante el taller pensaba que tal vez la detención de una persona despierte en nosotros —no de manera metafórica— el instinto primario de cazadores: las instituciones policiales y de procuración de justicia nos ponen a la «presa», ¿por qué hemos de dejarla ir si la tenemos dentro de la trampa? ¡Hay que acabar con ella!, como todo buen cazador.

Quizás esto explique, en parte, por qué está resultando casi imposible implementar el sistema de justicia penal acusatorio en México: para el mexicano promedio toda persona detenida o imputada de delito es culpable; no parece haber espacio para vislumbrar su inocencia. Y por si fuera poco, los periodistas tenemos arraigada la idea de que nuestra función social es «demostrar» a la audiencia su «evidente» culpabilidad.

En un receso del taller, casualmente recibí la llamada del abogado José Luis Gutiérrez, querido amigo y director de AsiLegal, organización civil dedicada a librar del Estado a personas arbitrariamente privadas de la libertad, quien me dio esta noticia: el 5 de febrero [2013] consiguieron la liberación de Zenaida Pastrana de la Cruz, mujer indígena encerrada casi una década en la prisión de Tlapa, en La Montaña de Guerrero.

La suya es una historia trágica, como puede constatarse en el documental Zenaida Pastrana, realizado por Vera Park y Will Díaz, y producido por AsiLegal [2011], donde explica que, a principios de la década pasada en Copanatoyac, «Mi marido y otro señor llegaron tomados a la casa, y me dijo mi marido que fuera a la tienda a comprar unos refrescos». Al volver, «dejé los refrescos y me fui al campo a darle de comer a los animales. Cuando regresé vi mucha gente que estaba ahí en la casa y venía yo pensando qué era lo que estaba pasando».

Aparentemente, una persona había sido asesinada dentro de su casa, para entonces allanada por policías ministeriales, quienes «me detuvieron, me golpearon y me amarraron de las manos; me dijeron que había matado a una persona. Me dijeron que me hincara delante de ellos para amarrarme de la cintura. Se me acercó una persona y me dijo que me había visto matar a una persona».

También «Me dijeron que me iban a llevar presa, que no dijera nada. Me trasladaron a Tlapa y me dejaron sin comer ni beber. Me detuvieron desde el viernes, hasta después del domingo me remitieron al reclusorio. Cuando declaré dije que yo no sabía nada, no entendía lo que me decían, el intérprete no hablaba el mismo dialecto que yo».

Fue amenazada y presionada. Sufrió vejaciones machistas y racistas, y tortura. No se le permitió ejercer su derecho a la defensa ni a un intérprete. Y al final, un juez la sentenció a pasar 30 años en prisión por el delito de homicidio.

En el documental se le escucha concluir, afligida: «No sé cómo resolver mi problema, estoy muy triste, después de casi ocho años, estoy desesperada. Quiero salir para poder ver a mi familia. Si yo lo hubiera hecho estaría conforme, pero este castigo no es para mí».

En julio de 2008, AsiLegal asumió su defensa y, tras navegar casi cinco años a su lado, afrontando las corrientes de arbitrariedad, burocratismo, ineptitud, discriminación y corrupción propias del atrofiado sistema de justicia penal inquisitorio de Guerrero, consiguió liberarla mediante un amparo.

Miro el documental donde Zenaida Pastrana de la Cruz narra su historia, con su aspecto dulce, ingenuo, desolado y vulnerable, y confirmo que es la presa perfecta: aun ahora, ya amparada por la Justicia federal, para los cazadores sigue siendo apetecible y mientras mayor sea su indefensión, más cerca estará de la avidez de nuestras fauces.