jueves, 14 de febrero de 2013

La policía comunitaria de Guerrero y el crímen organizado

Por Marco Lara Klahr
Foto: sipaz.wordpress.comCada cierto tiempo, la industria de las noticias alude a la Policía Comunitaria de Guerrero y otros grupos que reivindican acciones autogestivas de seguridad y justicia en ese estado, como «autodefensas», expresión del «México salvaje» que hacen «justicia por propia mano» a través de «inéditos juicios comunitarios».
Esta discursividad ambigua, discriminatoria y maliciosa denota ignorancia, pereza y mala fe. Tal generalización ahonda la vulnerabilidad de las decenas de comunidades guerrerenses, predominantemente indígenas, que han optado en las dos últimas décadas por este mecanismo de intervención ciudadana ―de suyo controvertido.
La «mirada informativa» ―metodología de la Universidad Autónoma de Barcelona― identifica como rasgo de la prensa sensacionalista el tomar «una parte» de la realidad y sobrexponerla como «toda» la realidad. Esta descontextualización impide comprender la complejidad de los fenómenos e invisibiliza auténticas amenazas sociales.

Es inaceptable que, no obstante la vastedad de la Web, los periodistas sigamos informando como en el siglo XIX. Comenzando por el sitio de la Policía Comunitaria de Guerrero, existe suficiente información, la cual incluye los estupendos documentales:


Estas valiosas fuentes informativas y mi reporteo durante décadas por Guerrero me permiten afirmar que la Policía Comunitaria no es nueva ni improvisada: ante la crisis de inseguridad desatada el primer lustro de los noventa ―por ineptitud, arbitrariedad y corrupción de la fuerza pública―, en 1995 comunidades de la Costa Chica y La Montaña fundaron su policía.

Dieciocho años después poseen ya su Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, en 77 comunidades cafetaleras tlapanecas, mixtecas, amuzgas y mestizas, a través de 12 municipios, con casi mil agentes comunitarios.

Si originalmente vigilaba y hacía aprehensiones, frustradas porque el ministerio público liberaba sin averiguación a las personas que la Policía Comunitaria le entregaba, las comunidades añadieron su proceso por usos y costumbres, normas y sitios de reclusión.

Es interesante que: a) llamen al detenido «preso de reeducación»; b) valoren como atenuantes el que este sea respetuoso; c) la pena que le imponen ―mínima de tres meses― implica realizar trabajo durante 15 días en cada comunidad, bajo custodia y cuidado de los agentes locales, siendo alimentado por los pobladores y, al final de la jornada, recibiendo «pláticas de reflexión» y orientación del consejo de ancianos.

Ahora bien, ¿la exhibición de personas en El Mezón [Ayutla de los Libres], el 31 de enero [2013], señaladas de pertenecer al crimen, vender droga, robar, violar, secuestrar, torturar o extorsionar, se relaciona con la Policía Comunitaria de Guerrero mencionada?

No, y así lo clarificó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero: el show mediático corrió por cuenta de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

La Policía Comunitaria de Guerrero ha padecido desde su origen la hostilidad de las instituciones, y nunca se ha propuesto combatir al crimen organizado ―que también la agrede―, sino solo llevar seguridad y paz. En contraste, esa nueva «Policía Comunitaria» de los juicios mediáticos en El Mezón podría estar siendo inducida por el Ejército, la Policía Federal y los cuerpos estatales de seguridad, en algunos casos quizá asociados a grupos delincuenciales. O tal vez no. Pero debemos estar alerta.

Que a su pesar los ciudadanos asuman su propia seguridad denota la incapacidad del Estado para proveer seguridad, justicia y paz. Es el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, que además se inspira ―según ciertas reivindicaciones y las letras de un corrido y un son de tarima ― en Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

Pero si el tribunal mediático en El Mezón es el inicio de la paramilitarización extensiva en la zona, con fuerzas del Estado o grupos criminales empoderando a «autodefensas» para también reprimir la organización social, eso ya es un giro autoritario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

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