Por Marco Lara Klahr
Si nos atenemos a la información
aportada por Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios
-Secretaría de Gobernación- [abril 30, 2013], el principal «delito» del señor
Inés Coronel Barreras es el de ser, supuestamente, suegro de Joaquín Guzmán
Loera, a quien el gobierno federal atribuye el liderazgo del «cártel de
Sinaloa» algo semejante había sucedido ya durante el sexenio anterior, con la
aprehensión de un supuesto hijo del propio Guzmán Loera.
En lo tocante a la
espectacularización de las detenciones policiales y las consignaciones
ministeriales, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha pretendido
diferenciarse de manera tajante respecto del de su antecesor; ha preferido la
mesura y expresado su intención de estandarizar las políticas de comunicación institucional
de acuerdo con los derechos humanos y la legalidad.
Aunque realizado dos días antes
de la visita de Barack Obama a México [mayo 2], tal vez como un efectista
obsequio de bienvenida, el anuncio oficial acerca de la detención de Coronel
Barreras mantuvo esa mesura formal.
Pero en su esencia la política comunicacional del gobierno de la República actual no se diferencia de las anteriores:
1) En su lenguaje y enfoque, los
comunicadores institucionales mantienen las nocivas taras culturales que
les ha dejado el sistema inquisitivo de justicia: presumen la
culpabilidad y no la inocencia de los ciudadanos detenidos o imputados
de delito, y revelan información y datos protegidos por la ley,
afectando derechos específicos, como la presunción de inocencia, la
imagen y la dignidad.
2) Siguen justificando tal
proceder apelando al «interés público»: el subsecretario Sánchez, con su
característico lenguaje inquisitivo -denigratorio de su cargo público y
desconcertante a juzgar por su formación académica-, dijo al revelar la
imagen de Coronel Barreras que «El propósito de presentar el rostro de
esta persona es precisamente el de que […] los ciudadanos puedan
identificarlo en caso de que hayan sido víctimas de algún delito por
parte de este presunto delincuente». Algo cuya verdad no ha demostrado;
es decir, ¿exhibir a personas en medios atrae denuncia ciudadana de calidad? No ofrece evidencia empírica alguna. Repite un cliché.
3) Y, sin embargo, los
comunicadores institucionales, incluido Sánchez, saben bien lo que
hacen: emiten información superficial convencidos de que, cuando se
trata de linchar mediáticamente a una persona, los periodistas y los
medios noticiosos no solemos hacer demasiadas preguntas; en general, nos
contentamos con pacotilla, siempre que lleve «datitos», «carnita» -así
les llamamos en la jerga periodística- de impacto.
4) Al final, el más básico
análisis de medios nos muestra la facilidad con la que, sexenio a
sexenio, el poder público consigue regular el timming mediático sin encontrar el menor contrapeso, la menor resistencia de los medios noticiosos industriales.
Al dar a conocer la captura de
Coronel Barreras en Sonora, Sánchez insistió en el trabajo de
investigación e inteligencia del gobierno federal, mismo que al cabo de
tres meses le habría permitido identificar al supuesto padre de la
esposa de Guzmán Loera, localizarlo, conocer su modus operandi y sus negocios en el tráfico de mariguana, y aprehenderlo.
De acuerdo, entendido. Pero, ¿y su
base operativa y financiera? ¿Cuánta droga producía y en dónde? ¿Qué
funcionarios públicos, incluidos los policiales y militares,
posibilitaban esto? ¿Cuál era la dimensión de su red criminal y su
articulación con el «cártel de Sinaloa»? ¿Cómo conseguía cruzar la
frontera con sus cargamentos? Ya en territorio estadounidense, ¿qué ruta
seguía la droga, con qué redes y qué infraestructura criminal? ¿Dónde
están las ganancias? ¿Invertidas en bienes? ¿Circulando por el sistema
financiero? ¿Se desmanteló su sistema de lavado de dinero? ¿Se expropió su fortuna? ¿Qué impacto real tendrá su detención en el funcionamiento del «cártel de Sinaloa»?
Como esas preguntas no las
formulamos los periodistas, ni el subsecretario Sánchez habló de ellas
ni seguramente habría podido responderlas, lo que nos queda a los
ciudadanos es que, en efecto, el mayor «delito» de Coronel Barreras es
el de ser suegro de quien supuestamente es ?por más que ese no sea
delito alguno.
Ahora bien, ¿la seguridad y la
justicia? ¿El combate al crimen organizado? ¿La solidez y exhaustividad
de las investigaciones policiales? ¿El derecho a la información y de
acceso a la información? ¿La rendición de cuentas y la transparencia?
Quizás, al salir de su conferencia de prensa nocturna [abril 30, 2013],
ya a solas, pensando en esto y repasando los rostros de los crédulos
periodistas que anotaban obedientemente cada una de sus palabras, el
subsecretario Sánchez soltó una franca carcajada -o al menos su éxito
mediático de aquella noche lo ameritaba.
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