Por Marco Lara Klahr / Edad Medi@_tica
¿Cuál es el estado emocional del presidente Felipe Calderón? Cuatro meses antes de que concluya su gobierno, sus intervenciones durante la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública [agosto 2, 2012] permiten entrever que quizás experimente una fase negadora o que pretende convencernos de que funcionó su política de seguridad pública y justicia penal ―caracterizada por el uso inapropiado del concepto «guerra»; la militarización de la seguridad; el montaje de «tribunales paralelos»; la violación de derechos humanos, y el énfasis en que hay ciudadanos eliminables.
¿Cuál es el estado emocional del presidente Felipe Calderón? Cuatro meses antes de que concluya su gobierno, sus intervenciones durante la XXXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública [agosto 2, 2012] permiten entrever que quizás experimente una fase negadora o que pretende convencernos de que funcionó su política de seguridad pública y justicia penal ―caracterizada por el uso inapropiado del concepto «guerra»; la militarización de la seguridad; el montaje de «tribunales paralelos»; la violación de derechos humanos, y el énfasis en que hay ciudadanos eliminables.
En su discurso de apertura,
repitió algo que es ya cliché hasta entre periodistas: «Esta expansión
del crimen tomó por sorpresa a instituciones de seguridad y justicia
obsoletas. México padecía las consecuencias de un modelo de seguridad
que terminó por ser inoperante y, también, propiciatorio de la
corrupción».
Al hablar en pasado se erige en hito, sin pruebas y con palabras
autoelogiosas, cargadas de legalismos que su política de seguridad y
justicia no honró: «Ante esa crítica situación y sin instituciones de
seguridad capaces de hacer frente a ese nuevo fenómeno delincuencial,
era una obligación ética, política y constitucional del Ejecutivo
Federal cumplir y hacer cumplir la ley en defensa de los ciudadanos.
Emplear los recursos del Estado para garantizar la seguridad de las
familias mexicanas era, como he dicho antes y lo sostengo ahora, un
imperativo categórico para el Estado».
México no es más seguro ni más justo, en parte porque su política de
seguridad y justicia se enfocó en el impacto mediático, capitalizando,
reforzando y nutriendo un sistema de medios precarizado, monopólico en
los niveles nacional, regional y local; que entrega todos los días a la
sociedad noticias producidas sin estándares deontológicos establecidos y
transparentes, y que a través de la «violencia simbólica» mantiene a
los ciudadanos intimidados más que informados, sobreestimulando las
fibras de los «miedos sociales» hasta grados patológicos.
Ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Calderón
resumió su «estrategia integral» de seguridad y justicia en «tres ejes
de acción»; a saber, 1) el combate radical al crimen organizado; 2) la
reconstrucción institucional ante la ineptitud y la corrupción, y 3) «el
fortalecimiento del tejido social, de la cultura de legalidad y
participación ciudadana».
En algún momento sin embargo, al clausurar la sesión,
refiriéndose a la masacre de Villas de Salvárcar [Ciudad Juárez, enero
31, 2010], dejó asomar su real percepción discriminatoria de la justicia
y los ciudadanos, al afirmar que en aquella tragedia fueron
«injustamente asesinados un grupo de jóvenes y adolescentes»,
reafirmando la convicción persistente de su régimen en cuanto a que hay
asesinatos justos ―principio medieval basado en «la vindicta pública», o
sea, en que hay ciudadanos que por sus actos, o supuestos actos
asociados al mal, al pecado, deben ser eliminados como mecanismo social
ejemplarizante.
Antes, al hablar del segundo eje de acción de su «estrategia
integral», ponderó la reforma del sistema de justicia penal que entró en
vigor en junio de 2008, omitiendo aspectos fundamentales para
comprender su autoritaria visión: por ejemplo, 1) que a su gobierno
debemos el que se haya elevado a rango constitucional, en el Artículo 16,
la figura del arraigo, «medida de investigación» violatoria del debido
proceso porque produce la privación de la libertad sin que
necesariamente existan cargos penales e indicios consistentes; 2) que la
reforma procesal penal en curso ha ido sufriendo remiendos en los
marcos normativos estatales; 3) que policías, ministerios públicos,
jueces y defensores públicos carecen, en general, de la cultura para que
México transite de su actual modelo inquisitorio hacia el acusatorio, y
4) que no se ha hecho la suficiente inversión financiera y política
para conseguirlo.
Cuando escuchaba al presidente Calderón haciendo este corte de su
México de ensueño, me vino a la memoria un fragmento de la «Causa penal
85/2011-IV», relativa al secuestro y asesinato de Juan Francisco Sicilia
Ortega y otras seis personas [Cuernavaca, marzo 28, 2011], donde entre
las «probanzas» contra los supuestos asesinos y su pertenencia a un
denominado «cártel del Pacífico sur», el Ministerio Público de la
Federación ofrece «la constancia de acceso a Internet en la dirección http://es.wikipedia.org/wiki/Cártel_de_los_Beltrán_Leyva que corresponde a la enciclopedia Wikipedia, detalla los integrantes de dicho cártel…», añadiendo enseguida el copy/paste supuestamente probatorio [p. 124].
Esta aberrante perla procesal, tan elocuente como realista, enturbia
el feliz paisaje pintado por Felipe Calderón ante sus mudos oyentes en
aquella sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
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