«Boletineros»

Por Marco Lara Klahr/ Edad Medi@_tica

De Palabras de roca

SAN LUIS POTOSÍ.― Durante un intenso taller organizado por AsiLegal sobre el papel de los medios informativos en el nuevo paradigma de justicia penal acusatorio hacia el que transitamos en México [agosto 24-25, 2012], varios colegas reporteros y editores potosinos expresaron dudas legales y éticas sobre la cobertura que los periódicos locales hicieron respecto de las aparentes denuncias ante el ministerio público de dos personas que se acusaban mutuamente de violación.

Puesto que yo ignoraba el asunto, no pudimos hacer entonces una revisión precisa acera de sus implicaciones en cuanto a derechos ciudadanos. Ahora, habiendo revisado la información aludida, me preocupa e indigna una vez más la manera como las instituciones policiales mexicanas están comunicando, ancladas en enfoques violatorios de derechos de la personalidad y procesales penales.

Según encontré, sorprendentemente el diario que dio la primicia, a principios de julio, fue Pulso. Digo sorprendentemente porque este es uno de los diarios con mayor arraigo y credibilidad entre la sociedad potosina. En su edición en línea, publicó una primera versión de la noticia bajo el encabezado «Vecinos se acusan mutuamente de abuso sexual luego de una fiesta» [julio 9, 2012], y al día siguiente una segunda versión con una cabeza menos informativa, y claramente moralista e incriminatoria en varios sentidos: «Hombres acaban su juerga en la cama».

En ambas notas, las fuentes citadas son la Dirección General de Seguridad Pública y la Policía del Estado, y se revela múltiple información que atenta con diversos derechos de los jóvenes denunciantes, incluidos sus derechos a la dignidad, a la privacidad, a la no discriminación y a la protección de datos personales, así como a la presunción de inocencia.

De este modo, dichas instituciones y sus funcionarios, cuyo mandato constitucional expreso es respetar y hacer respetar los derechos y la ley, se exhiben como agentes de violencia de Estado, violadores de garantías ciudadanas y quebrantadores de la legalidad, flagrantes, impunes y de mala fe porque, además, lo hacen sabiendo que su comportamiento no tendrá consecuencias de orden administrativo, civil y penal.

En los días posteriores a la publicación de Pulso, fueron apareciendo en diversos medios impresos locales y de otros estados del país versiones noticiosos idénticas, sin molestarse en citar siquiera el origen de la nota y añadiendo fotografías. A este patetismo periodístico se agrega el que el tabloide local La Razón decidiera publicar la noticia en un sección llamada «Cartelera policiaca» ―que denota la mezquina espectacularización de los conflictos y las tragedias que padecen miembros de su propia comunidad.

Luego, bajo el encabezado «Pide hombre se aclare acusación de abuso sexual» [julio 12], tras dar a conocer que, «En un escrito enviado a esta Redacción», uno de los muchachos afectados se inconformó por lo publicado y exigió una aclaración, Pulso hace saber a sus lectores que «Respecto a la nota informativa [donde da a conocer el asunto, tres días antes], este medio de comunicación se basó en un boletín de prensa enviado por la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, quien también proporcionó las fotografías de los involucrados.

«El boletín fue titulado por la DGSPE “VECINOS SE ACUSAN MUTUAMENTE DE ABUSO SEXUAL, TRAS UNA FIESTA EN QUE HUBO EMBRIAGUEZ POR ALCOHOL” e inicia diciendo “La Policía Estatal arrestó la mañana del domingo a dos hombres vecinos que se acusan mutuamente de haber abusado sexualmente uno del otro”».

Y, por increíble que resulte, al final el prestigiado diario no asume su responsabilidad ni pide perdón a las personas afectadas por publicar información no verificada ni confirmada, sino que hace profesión de fe de un periodismo superficial, socialmente perjudicial, falto de estándares ético-legales, acrítico, servil a la «fuente oficial» y tan impune como esta, al concluir que «Por lo tanto, este medio informa que la nota se basó única y exclusivamente en la información oficial y tampoco distorsionó el sentido de la noticia».

La ética profesional del periodismo impone verificar, confirmar y contrastar toda información antes de publicarla, dando voz a todos los actores implicados en un hecho noticiable, respetando además sus derechos, pero Pulso, evidentemente, reconoce de forma explícita que esos referentes deontológicos no le merecen respeto alguno y miente al afirmar que «tampoco distorsionó el sentido de la noticia»: quizá, ciertamente, no haya distorsionado el sentido del boletín que casi copió y pegó, pero sin duda distorsionó noticiosamente los hechos, al no considerar las otras versiones posibles.

¿Qué consecuencias legales tendrá para esas instituciones y para este y los demás periódicos «boletineros» el haber atropellado en flagrancia y con dolo los derechos de ambos denunciantes? Ninguna. ¿Se les obligará a restituir los daños producidos? Lo dudo. Porque en San Luis Potosí hay severos vacíos de poder que incentivan ilegalidades y, por lo visto, son escasos los ciudadanos que tomen decisiones éticas y legales respecto de la desinformación sistemática a la que los sometemos medios y periodistas.