Por Marco Lara Klahr
El próximo 14 de marzo [2013], a las
12:00 horas, gracias a una iniciativa ciudadana, por primera vez en la
historia autoridades mexicanas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH],
en Washington, DC, a rendir cuentas por su práctica inveterada de
exhibir en medios noticiosos a personas víctimas, detenidas o imputadas
de delito —violando sus derechos y la legalidad.
Esto es ocasión de regocijo democrático, y de reflexión.
La semana anterior, comentando mi texto «Al exhibir a Elba Esther Gordillo volvieron a fallar», Laura Muñoz escribió:
«El inconveniente que le veo al artículo es que da por sentado que en
México existe un Estado democrático de derecho y no es así. Hay que
construirlo, primero».
La CIDH pertenece a la Organización de
los Estados Americanos, donde su función es promover y proteger los
derechos con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El gobierno mexicano está obligado a rendirle cuentas y considerar sus recomendaciones.
La Convención —o Pacto de San José—
incluye artículos que sancionan virtualmente la exhibición de personas
en medios periodísticos. El Artículo 1 establece que «Los Estados partes
en esta Convención [México lo es] se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social».
El Artículo 5, sobre el «Derecho a la
Integridad Personal», estipula que «Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral», y «Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes».
El Artículo 8, a su vez, ampara las
«Garantías judiciales», como las de presunción de inocencia y no ser
obligado a autoinculparse. Y el 11, la «Protección de la Honra y la
Dignidad», precisando que «Toda persona tiene derecho al respeto de su
honra y al reconocimiento de su dignidad»; «Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada […] ni de ataques
ilegales a su honra o reputación», y «Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques».
Al exhibir a víctimas del delito y
«enjuiciar» mediáticamente a personas detenidas o encauzadas por la vía
penal, las autoridades violan sus derechos de personalidad y debido
proceso. La fragilidad institucional y la impunidad, sin embargo, evitan
que se les responsabilice según las leyes e instituciones mexicanas,
por lo que es vital que los organismos internacionales las llamen a
cuentas.
No olvidemos la macabra profusión de
imágenes a las que tales autoridades nos han expuesto, a través de los
medios, lo mismo de Florence Cassez, el adolescente Edgar Jiménez y los
padres de Paullette, que de cientos de víctimas mortales con sus cuerpos
mutilados, o de culpables de delito «fabricados» o quienes no han sido
juzgados ni condenados de delito. Recordemos los tratos denigrantes,
discriminatorios, criminalizantes, machistas e intrusivos de su vida
privada a los que han sido sometidos.
Al margen de nuestras preconcepciones,
todas esas personas tienen derechos amparados constitucionalmente, como
los tenemos todos, y a eso nos atenemos.
Durante décadas estas exhibiciones han
ocurrido en un marco de informalidad institucional —por disparatado que
resulte—, pero hoy están institucionalizadas, por ejemplo, en el
Distrito Federal, merced al «Acuerdo»
de la Procuraduría General de Justicia sobre el ¡«Protocolo para la
Presentación ante los Medios de Comunicación, de Personas Puestas a
disposición del Ministerio Público»!
Lo anterior, no obstante que la Recomendación 03/2012
de la Comisión de Derechos Humanos del DF a la Procuraduría mencionada
—que fue rechazada por esta última— evidencia el impune atropello contra
50 personas exhibidas en medios.
Vamos, pues, a Washington, DC, el jueves
[marzo 14, 2013], con el mayor interés de que las autoridades federales
y locales presentes reconozcan ante la CIDH la ilegalidad de esta
práctica abusiva y asuman compromisos precisos para evitarla y
castigarla. Ya veremos.
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