Zacatecas: política editorial de clóset

Por Marco Lara Klahr

Entre respetar a sus audiencias y servir al gobierno de Miguel Alonso Reyes, un puñado de dueños de medios informativos zacatecanos liderado por Luis Enrique Mercado optó, como resulta previsible, por lo segundo. Y es obvio, porque en México el común de las empresas de noticias no ha sido capaz de superar la etapa de codependencia con el poder político —que puede llegar a actos de servilismo.

El 11 de febrero [2013], en un acto público, firmaron con el gobernador la iniciativa «Por nuestra imagen», una suerte de acuerdo estatal de medios en el que, básicamente, se comprometen, precisó el empresario y político Mercado —dueño de los diarios regionales Imagen y El Centinela, este último un tabloide sensacionalista— a: 1) no publicar en primera plana noticias sobre hechos violentos, sangrientos o delictivos, ni los referentes a la delincuencia organizada; 2) confinar estos a la sección de «Seguridad», y 3) destacar, claro, desplegadas en portada, las acciones gubernamentales contra la delincuencia.

Lo que persiguen, abundó Mercado, es contribuir a cambiar la percepción que se tiene de Zacatecas como un estado con violencia generalizada, dominado por organizaciones delictivas, pues, según él, esta es una imagen injusta, del pasado, en tanto que actualmente ni siquiera ocurren ya extorsiones. Todo eso terminó, dijo.

La nota del día siguiente [febrero 12] que informa del acto protocolario y el acuerdo apareció con un encabezado revelador: «Imagen no publicará en la primera plana notas rojas» [sección «Capital», página 3]. Exhibe la mentalidad decimonónica imperante todavía hoy en las redacciones de medios y entre el grueso de los periodistas.

Cuando menos desde 1942, después de que los intelectuales y científicos integrantes de la Comisión Hutchins crearon en la Universidad de Chicago la Teoría de la Responsabilidad Social de los Medios, en el mundo los debates sobre el papel social de los medios se han enfocado en el tema de las libertades de información y expresión. Con esta y otras bases, la sociología de la comunicación ha producido teorías y escuelas de pensamiento sobre violencia y delito en las noticias, y su consecuencia colectiva.

A estas alturas, pues, considerar como sinónimos periodismo de «nota roja» y «periodismo policial y judicial» es retrógrado. Pero, desgraciadamente, útil también para servir al poder desde las empresas mediáticas y sus políticas editoriales, como lo muestra «Por nuestra imagen» —versión manida de aquello mismo que han terminado siendo los violados, fracasados y olvidados Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad [agosto 2008], Carta-Compromiso de Boca del Río [noviembre 2009], Acuerdo por la Discreción [octubre 2010] y Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia [marzo 2011].

La «nota roja» es un enfoque de aproximación noticiosa a los conflictos, la violencia, el delito, la seguridad y la justicia penal desarrollado por la prensa industrial a lo largo del siglo XIX, caracterizado por una perspectiva moralista, alarmista, criminalizante, descontextualizante, discriminatoria, machista y, en la actualidad, anacrónica.

El periodismo policial y judicial, en cambio, es una especialidad profesional —si bien escasa en México— que ahonda en el origen estructural de los conflictos y la violencia, y presenta hechos y personajes en su adecuado contexto, respetando la dignidad, la imagen y otros derechos de los protagonistas de las noticias, sin alarmismos.

Sería un hito que en México los medios periodísticos excluyeran de sus políticas editoriales, de una buena vez, la «nota roja». Pero no se vislumbra que lo hagan, en virtud de que es súper barato y rentable llenar páginas y noticieros de información «chatarra» obtenida de conferencias y comunicados de prensa oficiales, presentaciones de detenidos, montajes y escenas del crimen manipuladas previamente por la autoridad, averiguaciones previas y retazos de expedientes judiciales.

Del mismo modo, pretendiendo creatividad y buena fe los empresarios zacatecanos signantes de «Por nuestra imagen» anuncian que seguirán vendiendo «notas rojas», pero a escondiditas. Vaya política editorial de clóset.

Será verdadera causa de regocijo colectivo el día que los empresarios de medios mexicanos anuncien individual o colectivamente iniciativas autorregulatorias basadas en derechos, donde se comprometan a establecer políticas editoriales que respeten expresamente el debido proceso penal y la presunción de inocencia, y los derechos de la personalidad —dignidad, intimidad, no discriminación, no tratos crueles o degradantes y protección de datos personales, entre muchos otros.

Asociado a funcionarios públicos, el crimen organizado ha provocado en la última década una ola de autocensura a través del país; regiones enteras afectadas por un «apagón informativo». Pero iniciativas del tipo de «Por nuestra imagen» son peores porque significan la claudicación de la prensa y los periodistas frente al poder político, no por razones de sobrevivencia, sino de rentabilidad empresarial.

¡Qué linda se verá Zacatecas, y qué pacífica, ahora que Mercado nos prestará sus ojos!