Fe o justicia

De Justa Realidad

Por Marco Lara Klahr

URUAPAN.― «Según la Constitución, ¿quién tiene el monopolio de la verdad judicial?», acostumbro preguntar en mis talleres de periodismo, y hasta la semana pasada había encontrado, durante años, que la mayoría de mis colegas periodistas confunde el papel procesal del ministerio público con el que corresponde al juez.

Organizado por la consultoría Sistemas de Información para la Seguridad Humana SC, que dirige Mario Arroyo, la semana pasada impartí en esta ciudad el taller «Periodismo para la transformación pacifica de conflictos» [agosto 29 y 30, 2012], al que acudieron unos 30 reporteros y editores policiales y judiciales de la región. Y me encontré con una nueva y sobrecogedora respuesta a la misma interrogante. «Compañeros, según la Constitución, ¿quién tiene el monopolio de la verdad judicial?», pregunté, y como era predecible, casi todos respondieron una vez más que el ministerio público, salvo una colega, que contestó «Nadie», dejándonos perplejos.

En realidad, los periodistas no somos diferentes a nuestra comunidad. Tenemos las mismas virtudes y defectos. Y la sociedad mexicana, aunque hoy experimenta uno de los más dramáticos episodios de su historia relativa a la seguridad y la justicia, no suele correlacionar el nivel de su calidad de vida con la calidad de su sistema de justicia penal, y mucho menos esforzarse por comprender los aspectos procesales básicos para fiscalizar a dicho sistema.

Si «nadie» tiene la verdad judicial, entonces nadie puede juzgar, en sentido procesal, a nadie. Pero sí puede, en cambio, juzgarlo y condenarlo mediáticamente, si acaso tiene el poder para ello. Y es así como nos relacionamos en el espacio público, arbitrariamente. Los funcionarios del más alto nivel y los operadores comunicacionales de policías, procuradurías y fuerzas armadas montan tribunales paralelos a los legales y en ellos exhiben, enjuician y condenan de facto a cientos de ciudadanos cada año, luego de detenerlos tantas veces de forma arbitraria, incomunicarlos y torturarlos. O sea, algo idéntico al medieval Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, pero sirviéndose de la capacidad diseminadora de las industrias culturales en la posmodernidad.

De este modo, para los periodistas como para la colectividad, el que alguien sea culpable o inocente depende no de un proceso judicial donde las partes en conflicto exponen ante el juez, bajo ciertas reglas procesales, lo que conviene a sus intereses, sino de un acto de fe; según este pensamiento mágico, la suerte pública de un ciudadano imputado de delito depende no de la forma como se le enjuicie legalmente, sino de si cada quien cree, por cualquier razón o motivación, si es culpable o inocente ―otra mentalidad harto medieval.

El jueves vimos a un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiendo una sentencia bastante superficial que valida la legalidad del proceso electoral de 2012. El viernes por la mañana a un excandidato Andrés Manuel López Obrador diciendo que no puede reconocer tal veredicto y llamando a la desobediencia civil. Y el fin de semana, a un presidente electo Enrique Peña Nieto pretendiendo una normalidad democrática inexistente, así como a un presidente Felipe Calderón negador, incapaz de aceptar la responsabilidad sobre el daño social severo que ha producido su autoritaria política criminal.

Después de esto, que exhibe la falta de credibilidad del Poder Judicial y la arbitrariedad, impunidad y cinismo de la clase política, no es extraño que el ciudadano promedio, como la colega periodista uruapense, considere que en México «nadie» tiene constitucionalmente el monopolio de la verdad judicial y, en consecuencia, que la justicia es discrecional, puede aceptársele o no, dependiendo del poder que se tenga, y el ciudadano, como espectador pasivo, no tiene más posibilidad que creer o no, convirtiéndose la Justicia en un acto de fe que entonces no requiere de certeza jurídica.

Agobiado por todo este caos, el domingo me encuentro, de remate, con la siguiente lamentación hilarante y cantinflesca del lopezobradorista semanario Proceso: al Movimiento Progresista los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación «Ni una coma le admitieron», tal cual si se refiriera a un Tribunal Ortográfico.