No se arriesguen jóvenes, la gente los crucificará antes que seguirlos

Por Blanca Padilla

El caso de David Bucio Dovalí, estudiante de la UNAM detenido la tarde del 28 de noviembre por agentes vestidos de civil de un cuerpo policiaco presuntamente llamado "Policía Encubierta y de Infiltración", en los alrededores del metro Copilco, me reveló lo hipócritas que hemos sido. 

Queremos un cambio, pero estamos dispuestos a arriesgar bien poco y la mediocridad nunca ha logrado transformaciones.

Pocos son quienes se atreven a llevar a cabo acciones más drásticas e inmediatamente los condenamos y nos deslindamos de ellos. “Son infiltrados”, decimos. Es posible que algunos lo sean, otros no. Otros rompen vidrios, realizan pintas o queman una puerta o un palacio municipal como simple expresión de rabia ante la violencia del Estado.

Pero, para hacer ese tipo de acciones hay que ir con todo, dispuestos a dar la vida o ser encarcelados y torturados y en México, a pesar de todo, la indignación no nos da para eso todavía.

Quienes participaron en el movimiento llamado “La Primavera Árabe”, esos que finalmente cobraron la vida del dictador Muamar el Gadafi, esos que hicieron renunciar al presidente egipcio Hosni Mubarak por ejemplo, no lo hicieron con marchas pacíficas. 

Fue la violencia contra la violencia y México tiene cerca de 50 años de ser violentado desde el Estado: desde las masacres del 68 y 71, la guerra sucia, las sucesivas crisis económicas, la corrupción de los gobernantes, la implantación del neoliberalismo y la guerra contra el narco. 

Esto último, que nos toca más de cerca, es una guerra que sólo ha creado zozobra en el país, lejos de acabar con el supuesto problema. La razón es simple: la infiltración del narco en las estructuras del poder político ha escalado hasta los niveles más altos, de suerte que los perseguidores descubren que tendrían que perseguirse a sí mismos.

Nadie tiene autoridad moral para condenar al otro. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es el único en apoyar candidaturas de personas relacionadas con la venta de drogas, como el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hoy detenido por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos y los siete homicidios cometidos entre el 26 y 27 de septiembre. 

Por sólo citar un ejemplo del Partido Acción Nacional (PAN). En marzo de 2012 fue detenido, por posesión de drogas y armas, el  panista Mauricio Herrera Fernández. Presidía el municipio de Las Minas, Veracruz, cargo que le fue revocado. 

Y por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto se le han señalado nexos con grupos delictivos desde que era gobernador del Estado de México. 

La historia de este caso tiene que ver con la nunca bien esclarecida muerte de la esposa de Peña Nieto, Mónica Pretelini, ocurrida el 11 de enero de 2007. Una muerte muy conveniente para que la pareja Peña-Rivera pudiera vivir su telenovela. 

También está relacionada con el asesinato, cuatro meses después (el 10 de mayo), de cuatro escoltas que cuidaban a los hijos de Peña Nieto mientras paseaban por Veracruz.

Entre los escoltas muertos se encontraba Fermín Esquivel Almanza, quien conocía de mucho tiempo atrás a la pareja Peña-Pretelini y probablemente estaba al tanto de las desavenencias en su relación y supo lo ocurrido en los últimos minutos de vida de su patrona. 

El periodista Francisco Cruz Jiménez ató estos cabos luego de ver la poca importancia que le dio el gobernador al hecho de que sus hijos hubieran estado en eventual peligro. Se conformó con decir que alguna banda de narcos mató por equivocación a sus escoltas.

Y mientras Peña Nieto se olvidaba del incidente, Cruz Jiménez le dio seguimiento a estas muertes. Sus hallazgos los plasma en el libro “AMLO, mitos, mentiras y secretos: la biografía no autorizada”, editado por Planeta. 

En el texto Cruz Jiménez liga el homicidio de los escoltas con el asesinato de Ranferi González Peña, un supervisor escolar de zona de 45 años de edad, considerado hasta ese momento cabecilla de los asesinos a sueldo de La Familia y hermano de Alberto González Peña, El Coronel, jefe de una célula de Los Zetas en el municipio de Luvianos. 

Esto ocurrió el 20 de mayo de 2008, presuntamente porque gente cercana al profesor “alardeó de algunas propiedades ‘liberadas’ luego de una incursión al puerto de Veracruz para silenciar a un grupo de agentes del Estado de México”.

Cruz Jiménez también revela que “en la averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 231/ 2008, aparece la transcripción de llamadas –de un teléfono intervenido- en las que un par de narcotraficantes da a conocer pormenores de la ejecución de los 4 escoltas de la familia Peña-Pretelini”. “Una chamba especial para el gobernador”, comentan los narcos en esa llamada.

También de esta llamada se desprende la participación, en el cuádruple homicidio, de José Manzur Ocaña, ex delegado de la PGR en el Estado de México, medio hermano de José Manzur Quiroga, ex subsecretario general de Gobierno en los sexenios de Peña y de Arturo Montiel y legislador más recientemente.

José Manzur Ocaña fue señalado por los medios, como protector de los Zeta en 2008. Se le relacionó con las 24 ejecuciones en la Marquesa, entre el 11 y 12 de septiembre de ese año y con la irrupción en territorio mexiquense del cártel de La Familia y el asentamiento de los Zetas en Huixquilucan y la zona sur de la entidad. Con todo esto, atrajo sobre sí la atención de las autoridades federales, a quienes finalmente se les escapó y hoy se encuentra prófugo o desaparecido.

En tanto, su hermano Eduardo, titular de la Secretaría Técnica del ayuntamiento de Coacalco y agente de la Policía Federal Preventiva con licencia, fue ejecutado el 12 de diciembre de 2008, mientras viajaba en su vehículo BMW después de dejar al ex alcalde David Sánchez Isidoro en su casa.

Así de lejos ha llegado en poder del narco en México. De ese calibre es la violencia a la que nos enfrentamos. En este país, entre quienes detentan el poder, lo que estorba se elimina o se desaparece. 

Después de esto, para que hablar de la pobreza en aumento, del desempleo, del pésimo sistema de salud, de la marginación de los indígenas, de la baja calidad de la educación, de la violencia contra las mujeres y de los lujos y componendas de la pareja presidencial con sus amigos constructores, etcétera. 

Violencia, violencia y más violencia desde el Estado hacia la población (aún no somos ciudadanía, tendríamos que ser gente actuante). Pero, con todo, al contrario de apoyar las reacciones violentas que han emprendido algunos jóvenes indignados, les pido por favor que se abstengan de ellas. 

No se arriesguen más chicos. La cárcel la sufrirán sólo ustedes, igual que la tortura y posiblemente la muerte. Lo único que lograrán es el sufrimiento de sus familias. La masa aún no está lista. Somos cobardes, queremos seguir en el pobre confort de nuestra triste vida. Vamos a dejar que los crucifiquen antes que seguirlos. 

Ya hay quienes se sienten “engañados” por haber pensado que Bucio era inocente y que su detención fue arbitraria, después de que el joven aceptó con la periodista Carmen Aristegui que sí lanzó alguna bomba molotov en el aeropuerto. 

Hay quienes se rasgan las vestiduras por una puerta o por el retraso de un vuelo, pero no se duelen por la suerte de 43 de los estudiantes más pobres del país y por los miles de muertos y desaparecidos de los últimos años. 

Peor aún, hay quienes justifican y piden a gritos mayor violencia contra los revoltosos. Aún no estamos preparados para cambiar, parece que necesitamos mayor sufrimiento. Sigamos pues con las protestas pacíficas hasta que todos estemos preparados para llevar a cabo acciones contundentes, aunque no necesariamente violentas.