El monopolio de la violencia es un atributo inherente al
Estado, éste le obliga a garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía; pero
en México, desde hace más de 30 años, el Estado ha cedido este monopolio a
quienes han querido tomarlo: guardias privados, guardias vecinales, policías
comunitarias y autodefensas, entre otras corporaciones extralegales o poderes
fácticos.
Algo explicable sólo en Estados débiles como en México donde
esta institución es endeble desde su formación.
El pasado indígena y colonial del país le dejaron como herencia un pluralismo legal (derecho indígena, derecho positivo, etcétera) y marcados cotos de poder locales, micro-Estados, que han mantenido disminuido el poder del Estado y hacen difícil la conformación de ciudadanía.
Luego, con la implantación del modelo neoliberal en los
años 80 y la conveniencia, para el poder económico, de un Estado adelgazado,
este comenzó a ceder espacios sociales y roles que le son inherentes, como el
monopolio de la violencia. De ahí que los poderes locales comenzaran a
recuperar porciones de violencia, apunta Gamallo.
En este contexto, la práctica de los linchamientos, como
acciones civiles autónomas que pretenden resolver problemas que el Estado ya no
puede ni quiere encarar, no es extraña. Las comunidades comienzan a tomar el
control en sus manos.
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De la desorganización al ritual
La gente "de fuera" bajo sospecha
Para malos, los "del Cerro"
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