Es
una desgracia que todavía, en este siglo, haya mujeres que enfocan mal
su resentimiento cuando son traicionadas por su novio o esposo. Perdonan
enseguida al hombre en cuestión, en cambio se ensañan verbal y hasta
físicamente contra la otra mujer cuando ésta quizá ni las conoce ni
sabía de su existencia.
No piensan en ningún momento que, como
dijo Hortensia Bussi: en esta vida “únicamente traicionan los amigos”,
es decir los de confianza, los de casa.
La importancia de Julio Scherer es tan grande para el
periodismo que su currículum puede resumirse en la mitad de una cuartilla sin
demérito alguno. Cuando solicité en 1999 este documento en las oficinas de
Proceso, eso fue lo que amablemente Elena Guerra, su eterna secretaria, imprimió
y me entregó: media cuartilla.
La conservo aún. Inicia: “Julio Sherer García, reportero”.
A continuación, un párrafo a renglón seguido con las principales entrevistas
que realizó. Otro con los títulos de sus libros por año de edición. Y
en el último, sus reconocimientos. Eso es todo. Su obra es lo que define a un hombre, parecía decir aquel papel. Algo muy distinto a quienes
intentan darse una importancia que no tienen con currículums voluminosos.
El
caso de David Bucio Dovalí, estudiante de la UNAM detenido la tarde del
28 de noviembre por agentes vestidos de civil de un cuerpo policiaco
presuntamente llamado "Policía Encubierta y de Infiltración", en los
alrededores del metro Copilco, me
reveló lo hipócritas que hemos sido.
Queremos un cambio, pero estamos
dispuestos a arriesgar bien poco y la mediocridad nunca ha logrado transformaciones.
Pocos son quienes se atreven a llevar a
cabo acciones más drásticas e inmediatamente los condenamos y nos deslindamos
de ellos. “Son infiltrados”, decimos. Es posible que algunos lo sean, otros no.
Otros rompen vidrios, realizan pintas o queman una puerta o un palacio
municipal como simple expresión de rabia ante la violencia del Estado.
Pero, para hacer ese tipo de
acciones hay que ir con todo, dispuestos a dar la vida o ser encarcelados y torturados
y en México, a pesar de todo, la indignación no nos da para eso todavía.
La pequeña María del Carmen era
la única hija de Roberto y Rosa Soto. “Carmen” como todos la llamaban, era una
bella niña, muy buena y amorosa, pero era enfermiza desde el día en que nació.
Con el correr del tiempo, sus condiciones empeoraron. Alrededor de los cuatro
años se puso muy enferma y débil, hasta que finalmente la frágil niña murió.
Casi todos los habitantes de la
villa asistieron al velorio de Carmen. Al ir pasando uno por uno frente al
ataúd algunos murmuraban: _se ve como una muñequita.
A la mañana siguiente, el papá de
Carmen tomó la pequeña caja de madera y la puso sobre su hombro. Su esposa
comenzó a caminar detrás de él y, en silencio, haciendo una fila la demás gente
los siguió en procesión hacia el cementerio que estaba en una loma, a las
afueras de la villa.
Crueldad es el sello distintivo de buen número de los 10 mil
719 homicidios dolosos ocurridos en los últimos siete años en el Estado de
México. Las causas, de acuerdo con voces expertas: un interés del Estado por
mantener a la ciudadanía controlada mediante el uso del terror; una cultura de
la violencia; la carencia de una educación integral del individuo: académica,
pero también como persona; la pobreza; la exclusión; la migración y en suma: un
deterioro ético que ha llevado a la pérdida del valor de la vida humana en una
lógica de mercado donde como dice Óscar Wilde: “la gente sabe el precio de todo
y el valor de nada”.
Por Blanca Padilla
Inés, una niña de apenas
cuatro años, residente de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), no sabe que su vida ya está bajo amenaza. Lo
terrible es que es otro niño, Carlos, de 14 años quien la ha sentenciado. Los
motivos: el asesinato del padre de Carlos a manos de Jorge, el abuelo de Inés.
Las estadísticas del INEGI, difieren de las aportadas por el
SESNSP hasta por cuatro mil homicidios. No distinguen entre homicidio culposo y
doloso, pero sí hacen un desglose por sexo.
Por ejemplo, de acuerdo con INEGI, en 2012, en el estado de
México se cometieron 2 mil 907
homicidios: 2 mil 508 fueron hombres, 389 mujeres y de 10 no se logró
determinar el sexo. En cambio, el SESNSP reportó tres mil 804 homicidios, de los cuales dos mil 130 fueron dolosos y
el resto culposos o accidentales.
Contrario a CIDAC, el doctor
Roberto Manero Brito, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, en
entrevista con Buzos, sostuvo la hipótesis de que, en realidad, la delincuencia
no se le escapó al Estado, sino al contrario, éste la dejó libre para controlar
a la ciudadanía por medio del terror. El
grado de impunidad y crueldad con los que se desenvuelve la delincuencia
obedece a una política expresa del Estado, dijo el catedrático.
El mercado es actualmente el eje de las políticas y
estrategias de control. La alienación alrededor de la idea del mercado es
brutal. Al mercado lo forman personas, sin embargo los neoliberales lo asumen
como una entidad metafísica, como algo suprahumano, señaló el doctor Manero.
Para ellos el mercado no tiene responsabilidad alguna. Bajo
esta óptica, la vida humana se ha depreciado, es fácilmente sustituible. Hay
más seres humanos que petróleo, que oro, etcétera.
Me preocupa cuando se piensa que alguien está generando el
clima de violencia para tener mayores posibilidades de control. Me parece una
paranoia. No creo que alguien lo quiera hacer. Lo que sí creo es que la
sociedad actualmente piensa policiacamente, algo agravado durante el anterior
sexenio, y que existe un alto grado de impunidad en todos los ámbitos:
jurídicos, educativos y morales, dijo el profesor-investigador de la UAM
Xochimilco, Gabriel Araujo Paullada, entrevistado aparte por Buzos, en relación
a la hipótesis del doctor Manero.
No se sabe hasta dónde estas instituciones se contradicen y
tampoco de qué forma han convertido en impunidad el capítulo de los derechos
humanos, dijo.
La reaparición de los linchamientos en México a partir de
los años 80 y su incremento desde mediados de los 90, obedece a múltiples
factores, aunque destaca el quiebre de un monopolio normativo mantenido por más
de 60 años, lo cual trajo como consecuencia la reapropiación de la violencia
por parte de las comunidades. Es decir, de los poderes locales que resurgen y
cada vez demuestran mayor organización ante la ineficacia e ilegitimidad del
Estado, evidente por la desidia, complicidad con la delincuencia y corrupción
que invaden las instituciones, especialmente las de procuración de justicia. El
Estado ya no garantiza ni la vida, ni la libertad, ni los bienes de los
ciudadanos. Éstos deben organizar su propia defensa.
Cuando el Estado no hace lo que le corresponde y en lugar
de combatir el delito se asocia con él; cuando la ciudadanía, al denunciar una
agresión, tiene que perder el tiempo con argumentos leguleyos, abogados
chicaneros y jueces decididos a negociar con los delincuentes; cuando la
corrupción se halla institucionalizada pues, se alienta la “justicia por propia
mano”, sobre todo en las comunidades bien organizadas y mejor informadas.
En cuanto al detonante de un linchamiento, los robos y
agresiones directas contra personas o por accidentes automovilísticos se encuentran
en primer lugar, suman 82 por ciento de los casos.
También esto ha cambiado. En la primera década del siglo
XXI (2000- 2009) los linchamientos se desataban por agresiones a la integridad
física en un 45 por ciento de los casos, en los últimos años, en cambio, la
mayoría ocurren por agravios contra bienes y servicios, 64 por ciento.
El monopolio de la violencia es un atributo inherente al
Estado, éste le obliga a garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía; pero
en México, desde hace más de 30 años, el Estado ha cedido este monopolio a
quienes han querido tomarlo: guardias privados, guardias vecinales, policías
comunitarias y autodefensas, entre otras corporaciones extralegales o poderes
fácticos.
Algo explicable sólo en Estados débiles como en México donde
esta institución es endeble desde su formación.