Por Blanca Padilla
Habitantes de Rancho de Zeta, perteneciente al municipio de San Miguel Sola de Vega, en el sureste de Oaxaca, denunciaron públicamente una serie de agresiones, amenazas y ataques armados que, aseguran, han sufrido durante más de cinco años por parte de un vecino de la comunidad, sin que hasta la fecha las autoridades hayan tomado medidas efectivas para garantizar su seguridad.Ante la falta de respuesta
institucional, las familias afectadas responsabilizan de cualquier daño que
puedan sufrir a las autoridades encargadas de procurar justicia y garantizar la
seguridad de la población: al fiscal general del Estado de Oaxaca, José
Bernardo Rodríguez Alamilla; al vicefiscal regional de Valles Centrales, Samuel
Jiménez Acevedo; y a la fiscal local, Aurora Bautista Paz.
Una de las familias más afectadas ha sido la familia Sibaja Lara, cuyos integrantes afirman haber sido objeto de amenazas, hostigamiento y agresiones reiteradas.
El hecho más reciente corresponde
al 16 de junio de 2026. De acuerdo con el testimonio de los afectados, ese día
el presunto agresor intentó atropellar al menor Kevin Zaid Sibaja, nieto de
Modesto Sibaja, cuando circulaba en una camioneta por la comunidad. El menor
logró ponerse a salvo.
Asimismo, aseguran que durante el
ataque se escucharon detonaciones de distintas armas, por lo que presumen que
el agresor no actuó solo.
Los vecinos sostienen que este no
es un hecho aislado. Refieren que el 29 de marzo de 2025 se registró otro
ataque armado contra un palenque dedicado a la producción de mezcal, propiedad
de Miguel Sibaja.
Sin embargo, los habitantes
consideran que el conflicto ha escalado mucho más allá de una diferencia
vecinal y denuncian un patrón sistemático de intimidación que ha generado miedo
e incertidumbre entre las familias de la comunidad.
Los pobladores afirman haber presentado diversas denuncias ante las autoridades competentes, pero señalan que hasta ahora no han obtenido respuestas efectivas ni medidas de protección, pese a la gravedad de los hechos denunciados.
Por ello, hacen un llamado
urgente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al Gobierno del Estado, a
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que vigile la
inacción de las autoridades locales y a las instancias federales competentes
para que investiguen los hechos, garanticen la seguridad de las familias
afectadas y eviten que esta situación derive en una tragedia irreparable.
Los habitantes de Rancho de Zeta
sostienen que no buscan confrontación ni violencia, sino que se garantice el
Estado de derecho, la seguridad de las familias y el acceso a la justicia que,
aseguran, les ha sido negado durante años.
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