Reconoce el gobierno de Gabino Cué Monteagudo la
responsabilidad del Estado en las “graves violaciones” a los derechos humanos
que sufrieron más de 600 personas durante los hechos violentos y posteriores
detenciones ocurridas durante 2006 y 2007 en Oaxaca.
Este 14 de junio, aniversario del fallido desalojo de los
maestros por parte de la Policía Federal Preventiva, luego de refrendar el
compromiso de su gobierno por la Defensa de los Derechos Humanos y recalcar los
avances de su administración en esta materia,
Gabino Cué dijo que esto no se
trata de un recurso retórico sino de algo imprescindible en la transición
democrática.
“Saldar mi compromiso con la justicia implica llevar a cabo
este proceso integral de conciliación y reconstrucción del tejido social. Por
convicción y dignidad republicana, este gobierno reconoce que se cometieron
actos de injusticia y asume el compromiso de resarcir los agravios causados a
las víctimas y a la sociedad”.
Asimismo dijo que se tomarán medidas de restitución,
satisfacción y para la no repetición de hechos como los ocurridos hace cinco y
seis años, donde perdieron la vida personas como José Jiménez Colmenares, cuya
hija, Merit Ashanty dirigió un mensaje a los presentes en recuerdo de su padre.
En este acto llevado a cabo en el patio central del Palacio
de Gobierno se hallaban familiares de los 25 asesinados y de los desaparecidos,
así como más de cien de las 570 personas detenidas ilegalmente en cárceles
estatales y federales, luego de participar en las protestas iniciadas por el
magisterio y apoyadas, a partir del 14 de junio de 2006, por la Asamblea Popular
de los Pueblos de Oaxaca (APPO) .
Acto simbólico, el
proceso penal sigue
Aunque el proceso legal sigue y en este momento se encuentra
en una etapa de desahogo de pruebas, como lo aclaró la abogada que lleva los
casos, Alba Cruz Ramos, en este acto simbólico el gobernador entregó cartas de
antecedentes no penales.
“El proceso aún está en marcha, sigue implicando pérdidas
económicas y desgaste para los implicados, pero no tenemos alternativa, nuestra
única meta es lograr que se haga justicia y en apego estricto a la ley que se
castigue a los culpables de estas arbitrariedades”, indicó la abogada.
De la misma idea es el arquitecto Porfirio Domínguez
Muñozcano, representante de la Comisión de Familiares de los Desaparecidos,
Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadapo) quien muestra en su rostro
las secuelas de las agresiones que sufrió durante y después de su detención:
“reconocemos la voluntad política de Gabino Cué, este acto
sienta un precedente histórico, pero creemos que aún falta mucho por eso
hacemos un llamado para que se busquen las fallas estructurales y nunca más se
violen los derechos humanos.
Asimismo pidió a la prensa que, después de este acto, se
limpien los nombres de quienes participaron en las protestas y que nunca más se
les llame incendiarios, revoltosos o destructores del patrimonio público.
“Las protestas llenan vacíos institucionales, si luchamos es
porque queremos ser libres en vida” dijo, y enseguida exigió cárcel para Ulises
Ruiz Ortiz, Lizbeth Caña Cadeza, Franco Vargas, José Manuel Vera Salinas,
Bulmaro Rito Salinas, Lino Celaya Luría y otros personajes que desde el poder
estuvieron implicados en las agresiones y detenciones que sufrieron.
Domínguez Muñozcano, resaltó que llegar a este acto que
abona a favor del proceso integral de conciliación no fue fácil: Desde 2007 a la fecha fueron más
de 400 reuniones, foros y talleres y de marzo a este día, 16 reuniones.
Algunas de las víctimas también hicieron comentarios al
respecto y lamentaron la actuación de Víctor Raúl Martínez Vázquez, hasta abril
de este año jefe de asesores del gobernador y ahora director del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO), y de la comisionada para los Derechos Humanos
en Oaxaca, Heréndira Cruzvillegas.
“Estos dos personajes se han encargado de obstaculizar
nuestras gestiones y han tratado de hacernos desistir de nuestros objetivos,
diciendo que nosotros también tuvimos parte de culpa en lo que nos pasó”,
declararon los afectados al tiempo que se reían de los sollozos emitidos por
Víctor Raúl durante su discurso y de la grandilocuencia de la comisionada. “No
sienten nada de lo que dijeron, luego se nota”, argumentaron.
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