Por Beatriz Barral / Milenio Semanal
Foto: Manuel Martínez/ The Denver Post
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México D.F. 22 Mayo 2012.-Más de tres mil soldados extranjeros
que sirvieron al Ejército de Estados Unidos en Vietnam o Irak, han sido
deportados en los últimos 15 años por haber cometido algún delito. Los
militares inmigrantes pueden conseguir la ciudadanía estadunidense, pero
muchos no lo saben.
Se sienten traicionados. Juraron ante la bandera de Estados Unidos
(EU), sirvieron en las Fuerzas Armadas e incluso pelearon en el frente
de combate.
Es la situación de miles de veteranos militares inmigrantes que, tras
haber cometido un delito, se encuentran esperando a ser deportados.
“Peleamos por este país y por tener un buen futuro, y ahorita nos
encontramos con esta pesadilla. Nos sentimos peor que traicionados.
Somos veteranos de guerra, combatimos en Vietnam. Ningún país en el
mundo hace esto. Es una tristeza y una vergüenza para este país”, se
queja Valente Valenzuela, de 63 años, veterano de la guerra de Vietnam.
Tanto él como su hermano Manuel, de 59 años, se enfrentan a la
deportación por delitos menores cometidos hace años. “A veces no puedo
dormir. Nadie sabe qué va a pasar. Es peor que la guerra. Te tratan como
un criminal en tu propio país”, añade Manuel.
EU permite a los inmigrantes con papeles alistarse en las Fuerzas
Armadas desde hace décadas. En la actualidad, unos 29 mil soldados no
estadunidenses sirven en el Ejército. Los militares pueden conservar su
ciudadanía de origen o nacionalizarse, una opción a la que se han
acogido 64 mil 643 soldados desde 2001.
Veteranos de las guerras estadunidenses aún indocumentados, protestan contra las deportaciones desde la garita de San Ysidro-Tijuana. Foto: Manuel Ocaño/ Notimex |
Lo que muchos no saben es que, si no son ciudadanos estadunidenses y
cuando vuelven a la vida civil tienen problemas con la ley, pueden ser
deportados. Los activistas estiman que más de tres mil ex soldados
extranjeros han sido deportados desde 1996, y denuncian que los soldados
no son aconsejados al respecto.
“Me da rabia. Cuando estás en batalla, te dicen que no se puede dejar
a ningún hombre atrás. Es un código de nosotros que sigue después,
cuando uno sale del Ejército. Como soldado me siento traicionado, pero
no me voy a dar por vencido”, explica Héctor Barajas, de 33 años,
deportado a México después de ser condenado por disparar una pistola en
un incidente de tráfico dos años después de su vuelta a la vida civil.
Hoy trabaja desde Rosarito, en Baja California, con la asociación
Banished Veterans (Veteranos Desterrados) para poner fin a las
deportaciones de militares.
Los hermanos Valenzuela nacieron en México. Su madre, ciudadana de
EU, los trajo a este país cuando eran niños. Siempre se consideraron
estadunidenses. Los dos sirvieron al país en la guerra de Vietnam.
Ahora, vuelven a vestir sus uniformes militares para protestar.
A Manuel le comunicaron por carta, en 2009, el inicio de su proceso
de expulsión. Cometió varias faltas menores, entre ellas una multa por
exceso de velocidad y resistencia a la autoridad. Valente, sobre quien
pesa un delito menor de violencia doméstica, fue condecorado con una
medalla de bronce por sus servicios.
“Toda nuestra vida hemos creído que somos ciudadanos de este país,
porque nuestra madre nació en Nuevo México. El oficial de reclutamiento
nos aseguró que éramos ciudadanos americanos”, explica Valente, quien
llegó a EU a los siete años.
“Tienen que entender que somos veteranos de Vietnam, y cuando
regresamos la gente que se oponía a la guerra nos trató como si fuéramos
asesinos de bebés. Tuvimos que soportar todo esto. Y ahora, al querer
deportarnos, están violando nuestros derechos como ciudadanos americanos
y no vamos a permitirlo”, añade Manuel, en inglés, el idioma en el que
se expresa mejor tras toda una vida en EU.
El caso de los hermanos ilustra la situación de muchos soldados
latinos que cuando terminan su servicio sufren, además de las secuelas
de la guerra, el temor a ser expulsados. Los hispanos constituyen 11 por
ciento del total de las fuerzas estadunidenses, lo que equivale a casi
150 mil soldados, según estima la organización America’s Voice.
Soldados estadunidenses en Hamburger Hill, en Vietnam. Foto: Archivo |
VÍA PARA LA CIUDADANÍA
El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) asegura que en todas las
bases militares estadunidenses hay un abogado para asistir a los
soldados con su solicitud de ciudadanía.
Desde el 11-S, EU se encuentra oficialmente en “período de
hostilidades” y los requisitos son menores. Gracias a una norma de 2002,
los inmigrantes pueden postular para convertirse en ciudadanos desde el
primer día en el Ejército, si estaban en el país legalmente.
Un programa de 2009 aceleró los trámites, según la Oficina de
Migraciones y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE).
Además, tras las guerras de Irak y Afganistán, el Ejército acepta
también la inscripción de aquellos que estén en el país con visa
temporal, lo que ha permitido a muchos conseguir el pasaporte
estadunidense en un plazo récord de seis meses.
DESINFORMADOS
Pero muchos de los soldados latinos no conocen este proceso. Según
denuncian abogados y activistas, la falta de información es una de las
principales razones por las que estos casos pueden terminar perdidos en
el laberinto legal de la deportación.
Fue lo que le pasó a Héctor Barajas, quien tenía permiso de residencia permanente o green card (tarjeta
verde), pero nunca llegó a solicitar la nacionalidad. “Yo pensaba que
era ciudadano, porque el reclutador me dijo que sería ciudadano. Pero
luego de estar en el Ejército tuve que pasar algunas autorizaciones de
seguridad y supe que no lo era”, cuenta.
Reconoce que empezó los trámites, pero nunca los acabó, aunque añade
que “ellos tienen que ser responsables también, porque vienen a ti con
promesas. No hicieron su parte”.
Página electrónica de Banished Veterans. Foto: Especial |
Barajas fue condenado por verse envuelto en un accidente de tráfico
en el que una pistola fue disparada. Asegura que él no llevaba el arma,
pero aceptó declararse culpable para así ser condenado sólo a tres años
por disparo de arma de fuego. De lo contrario, le acusarían de intento
de asesinato y enfrentaría una pena mucho mayor. “Yo estuve allí y sabía
que alguien traía un arma en un carro y dije ‘denme eso’, me puse en
esa situación. Lo que no sabía es que esa decisión me iba a llevar a la
deportación. Tal vez si hubiera sabido que me iban a deportar hubiera
peleado hasta que se cayeran las llantas”.
En 2010, en la sentencia conocida como “Padilla vs. Kentucky”, el
Tribunal Supremo estableció que el abogado defensor tiene que advertir a
su cliente, si es inmigrante, sobre los riesgos de deportación si se
declara culpable. La sentencia tiene efectos retroactivos, y es a lo que
se aferra Barajas para pelear su caso. “El problema es que muchos
latinos venimos de familias con pocos recursos. No puedo hacer que mis
papás gasten dinero para pelear por algo que no es ciento por ciento
seguro. Fueron decisiones que en parte fueron mías, y yo no voy a hacer
que mi familia pague”, dice con la voz entrecortada.
Ahora vive en Rosarito, Baja California, donde trabaja cuidando a
ancianos y pelea contra las deportaciones desde la organización Banished
Veterans. “Lo que más me duele es estar separado de mi hija de seis
años, que está en California con su madre”, añade entre sollozos.
Los Valenzuela no descubrieron hasta muchos años después de abandonar
el Ejército que sus problemas con la ley podían llevarlos de regreso a
México. “Yo fui a juicio por violencia doméstica en 1998, y me
impusieron 33 horas de clases de reeducación. En 2009 me llegó la carta
de que se iniciaba mi proceso de expulsión. El problema fue que yo me
declaré culpable, pero nunca supe que eso afectaría mi ciudadanía. Si lo
hubiera sabido, no lo hubiera hecho, porque ni siquiera pegué a mi
mujer. Fue un episodio en el que me puse violento, y como quería
separarme de ella, acepté la culpabilidad sólo para terminar con todo
aquello”, recuerda Valente.
A LA ESPERA DE LA EXPULSIÓN
Con las nuevas normas aprobadas por el gobierno de Barack Obama, que
priorizan la expulsión de indocumentados con antecedentes penales, los
Valenzuela están en línea de espera.
Ellos siguen en libertad, aunque sin poder salir del país. Otros
corren peor suerte y aguardan en centros de detención. Es el caso de
Arnold Giammarco, de 56 años, que vino a EU desde Italia con su familia
en 1960. Sirvió tres años en el Ejército y tres años en la Guardia
Nacional. Tiene categoría de residente permanente, pero no es ciudadano.
Está acusado de 13 cargos, la mayoría por posesión de narcóticos y
robos menores desde finales de los noventa y hasta 2007. Lleva un año
detenido sin fianza, en un centro de Darmouth, Massachussets. “Está
devastado. Le visitamos cada domingo, conducimos hora y media y vamos a
verle. Pero está detrás de cristales. No podemos tocarlo, no puede
abrazar a su hija. Está muy deprimido y llora, llora y llora. Me llama
cada martes por la noche y llora. Porque está preocupado por nosotros,
por nuestra hija. Se siente impotente. Yo también, porque no podemos
hacer nada más que esperar”, explica su mujer, Shannon Giammarco.
La vista sobre su deportación se celebró el 15 de mayo y está a la
espera de la decisión. Su esposa considera que hay bastantes
posibilidades de que ordenen su expulsión del país. “Vamos a pelear
hasta el final y a recurrir a todas las instancias posibles. Pero es un
proceso muy caro. Ya llevamos gastados más de 15 mil dólares”, dice
resignada.
Le deportarían a Italia, un país del que salió cuando tenía cuatro
años. “Sólo tiene primos lejanos allí, y no habla el idioma. Sería un
completo extranjero”, explica Shannon. “Podríamos pedir que le dejaran
residir en Canadá, pero tendría prohibido de por vida regresar a EU”.
El presidente Barack Obama solicitó la deportación de todos los indocumentados con antecedentes penales. Foto: Joshua Roberts/ Reuters |
FACTOR POSITIVO
ICE, la autoridad migratoria estadunidense, no ofrece estadísticas
sobre el número de veteranos que han sido expulsados o que esperan
deportación. No concede entrevistas y se limita a enviar un comunicado
por correo electrónico en el que señala que el hecho de haber servido en
la milicia es un factor atenuante, que es tenido en consideración a la
hora de evaluar individualmente las causas.
“ICE revisa a conciencia los casos de los veteranos. Cualquier acción
tomada por ICE que podría resultar en la expulsión de un extranjero del
servicio militar debe ser autorizada por la máxima autoridad en una
oficina de campo, después de una evaluación por un abogado local (…) La
directiva Morton de junio de 2011 sobre criterios de acusación
identifica específicamente el servicio en las Fuerzas Armadas de EU como
un factor positivo que debe ser considerado en el momento de decidir si
se ejerce o no la acusación”, señalan en la nota.
Los activistas estiman que las expulsiones se han multiplicado
durantes las guerras de Irak y Afganistán. Tras su paso por esos países,
muchos soldados regresan con traumas derivados del conflicto y algunos
acaban con problemas con la ley, que después provocan que sean
expulsados del país.
En México, los cárteles de la droga intentan reclutarlos nada más
cruzan la frontera. “Les esperan a la salida de los centros de
detención. Son hombres con experiencia militar, y los cárteles necesitan
personas bien entrenadas y que sepan usar armas”, asegura un activista
contra las deportaciones que trabaja en el norte del país.
Barajas se siente impotente: “Nadie nos quiere ayudar, ni siquiera
nos han escuchado las asociaciones latinas como el Mexican American
Legal Defense and Educational Fund. Sólo cuando salimos en los medios
nos dan algo de atención”, se queja.
Los hermanos Valenzuela se sienten decepcionados con Obama. “Él
conoce nuestro caso, pero no ha hecho nada de veras para ayudarnos. Ha
deportado a más veteranos que ningún otro presidente. Y como Comandante
en Jefe debería firmar una orden para que no se deporte a ningún
veterano más”, asegura Manuel. “No vamos a parar. Y queremos una
respuesta antes de las elecciones”.
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