MÉXICO, D.F.
(apro-cimac).- La ola de violencia en el país ha dejado una estela de
desapariciones, asesinatos y familias desplazadas; madres y esposas
padecen en mayor medida ese trance.
Mujeres que participaron en la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia” –proveniente de varios estados del país y que estuvieron la semana pasada en la Ciudad de México–, relatan diversos episodios violentos de los que han sido víctimas ellas y sus familias.
Emma Muñoz cuenta que el 19 de junio de 2011, al estar toda la familia reunida en la casa de los abuelos, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, policías municipales y federales irrumpieron el domicilio para llevarse a su esposo, a cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y a su yerno.
Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Los familiares han identificado a tres de los policías municipales que se llevaron a las ocho personas. Sin embargo, los agentes continúan en funciones.
Entre los desaparecidos están: Toribio Jaime Muñoz –de 61 años y esposo de Emma–, y sus hijos Óscar, de 38 años; Jaime (33); Guadalupe (37), y Hugo (31), los cuatro de apellidos Muñoz Veleta.
También fueron secuestrados Luis Romo Muñoz, de 21 años y sobrino de doña Emma, y su yerno Nemesio Solís González, de 41 años y empleado de ferrocarril.
Toribio es ferrocarrilero jubilado. Óscar y Guadalupe trabajaban en Concretos de Chihuahua; Jaime, en una maquiladora, y Hugo, el hijo soltero, vivía con sus padres.
La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de don Toribio está paralizada porque no está presente para cobrarla y tampoco se puede presentar un acta de defunción.
Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos; Guadalupe otros dos; Jaime también dos, y Nemesio, tres. Sus respectivas esposas ahora tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante.
Las autoridades judiciales de Chihuahua siempre dicen lo mismo: “De sus parientes, no hay nada”, una versión que se repite a todas las familias del estado que padecen el trance de que sus seres queridos estén desaparecidos.
Familias desplazadas
María de Jesús Alvarado Espinoza narra el infierno que padece por la violencia en el municipio chihuahuense de Buenaventura. Al menos 37 integrantes de su familia se han tenido que ir a vivir a otra región por temor a sufrir más agresiones.
La mujer relata que el 29 de diciembre de 2009 la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el ejido Benito Juárez. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se integró a las investigaciones del caso. Denunció irregularidades.
La noche de ese día llegó José Ángel Alvarado para decirle a su hija que la suegra de él estaba muy enferma.
Fueron a casa de la suegra. También iban Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado.
Cuando llegaron al domicilio, los abordaron 10 militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia la jalaron del cabello. José Ángel la defendió, por lo que también se lo llevaron. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamiento y amenazas. Todos los días viven con temor.
María de Jesús se hizo cargo de las tres hijas de Nitzia: dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13. María tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás, que son personas mayores y padecen enfermedades crónico-degenerativas.
Son 11 integrantes de la familia que viven en una pequeña casa que no es la suya. Son las tres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas, y el esposo de esta última, quien es mecánico y se hace cargo de la manutención de toda la familia. “Vivimos en pobreza extrema”, dice María de Jesús.
La mujer explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en su momento que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado. No obstante, no se sabe nada de ellos y las indagaciones no arrojan resultados a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Silvia Arce desapareció en 1998 cuando fue a cobrar unas joyas a unas bailarinas de un antro de Ciudad Juárez. Dejó tres hijos que tenían 11, nueve y cuatro años de edad.
La madre de Silvia, Evangelina Arce, se hizo cargo de ellos. Durante 14 años Evangelina ha buscado a su hija sin encontrar respuesta. Ahora ella es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con la que ha acompañado a cientos de familias que han sufrido su mismo dolor.
Evangelina también estuvo en la “Marcha de la Dignidad Nacional”. Ella ha recibido amenazas y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Asegura que a su hija se la llevaron agentes de la PGR.
Doña Evangelina tuvo 11 hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, toda vez que apoyó la causa de los desaparecidos políticos. Ahora busca –sin claudicar– a su hija.
Mujeres que participaron en la “Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos y demandando justicia” –proveniente de varios estados del país y que estuvieron la semana pasada en la Ciudad de México–, relatan diversos episodios violentos de los que han sido víctimas ellas y sus familias.
Emma Muñoz cuenta que el 19 de junio de 2011, al estar toda la familia reunida en la casa de los abuelos, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, policías municipales y federales irrumpieron el domicilio para llevarse a su esposo, a cuatro de sus hijos, un nieto, un sobrino y a su yerno.
Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Los familiares han identificado a tres de los policías municipales que se llevaron a las ocho personas. Sin embargo, los agentes continúan en funciones.
Entre los desaparecidos están: Toribio Jaime Muñoz –de 61 años y esposo de Emma–, y sus hijos Óscar, de 38 años; Jaime (33); Guadalupe (37), y Hugo (31), los cuatro de apellidos Muñoz Veleta.
También fueron secuestrados Luis Romo Muñoz, de 21 años y sobrino de doña Emma, y su yerno Nemesio Solís González, de 41 años y empleado de ferrocarril.
Toribio es ferrocarrilero jubilado. Óscar y Guadalupe trabajaban en Concretos de Chihuahua; Jaime, en una maquiladora, y Hugo, el hijo soltero, vivía con sus padres.
La situación económica de la familia completa se vio mermada. La pensión de don Toribio está paralizada porque no está presente para cobrarla y tampoco se puede presentar un acta de defunción.
Óscar Muñoz Veleta tiene dos hijos; Guadalupe otros dos; Jaime también dos, y Nemesio, tres. Sus respectivas esposas ahora tienen que trabajar para sacar a sus hijos adelante.
Las autoridades judiciales de Chihuahua siempre dicen lo mismo: “De sus parientes, no hay nada”, una versión que se repite a todas las familias del estado que padecen el trance de que sus seres queridos estén desaparecidos.
Familias desplazadas
María de Jesús Alvarado Espinoza narra el infierno que padece por la violencia en el municipio chihuahuense de Buenaventura. Al menos 37 integrantes de su familia se han tenido que ir a vivir a otra región por temor a sufrir más agresiones.
La mujer relata que el 29 de diciembre de 2009 la familia Alvarado se reunió en la casa de sus padres en el ejido Benito Juárez. Una de las integrantes de la familia había perdido a otro familiar y se integró a las investigaciones del caso. Denunció irregularidades.
La noche de ese día llegó José Ángel Alvarado para decirle a su hija que la suegra de él estaba muy enferma.
Fueron a casa de la suegra. También iban Nitzia Paola Alvarado Espino y Rocío Irene Alvarado.
Cuando llegaron al domicilio, los abordaron 10 militares y los bajaron de la camioneta. A Nitzia la jalaron del cabello. José Ángel la defendió, por lo que también se lo llevaron. Desde aquel día la familia Alvarado comenzó a sufrir hostigamiento y amenazas. Todos los días viven con temor.
María de Jesús se hizo cargo de las tres hijas de Nitzia: dos gemelas que ahora tienen 16 años y una adolescente de 13. María tiene cuatro hijos y también se hace cargo de sus papás, que son personas mayores y padecen enfermedades crónico-degenerativas.
Son 11 integrantes de la familia que viven en una pequeña casa que no es la suya. Son las tres hijas de Nitzia, cuatro hijos de María de Jesús, los papás de ambas, y el esposo de esta última, quien es mecánico y se hace cargo de la manutención de toda la familia. “Vivimos en pobreza extrema”, dice María de Jesús.
La mujer explica que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció en su momento que sus integrantes se llevaron a los tres miembros de la familia Alvarado. No obstante, no se sabe nada de ellos y las indagaciones no arrojan resultados a pesar de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Silvia Arce desapareció en 1998 cuando fue a cobrar unas joyas a unas bailarinas de un antro de Ciudad Juárez. Dejó tres hijos que tenían 11, nueve y cuatro años de edad.
La madre de Silvia, Evangelina Arce, se hizo cargo de ellos. Durante 14 años Evangelina ha buscado a su hija sin encontrar respuesta. Ahora ella es uno de los pilares de la organización Justicia para Nuestras Hijas, con la que ha acompañado a cientos de familias que han sufrido su mismo dolor.
Evangelina también estuvo en la “Marcha de la Dignidad Nacional”. Ella ha recibido amenazas y tuvo que irse a vivir a otro lugar. Asegura que a su hija se la llevaron agentes de la PGR.
Doña Evangelina tuvo 11 hijos y desde 1972 ha sido luchadora social, toda vez que apoyó la causa de los desaparecidos políticos. Ahora busca –sin claudicar– a su hija.
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