El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió al Congreso del estado una iniciativa de reforma al Código Penal para crear el delito de "perturbación del orden público".
La iniciativa surge a raíz del encarcelamiento de dos usuarios de Twitter acusados de "terrorismo y sabotaje" por difundir en redes sociales informes de violencia en escuelas de ese estado, y tiene el propósito de aplicar una pena menos severa por esta falta.
En caso de que los legisladores aprueben la reforma al Código Penal de Veracruz, el delito cometido por Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola no sería considerado como terrorismo -que implica una condena de tres a 30 años-, sino como una perturbación del orden público, por lo que se les impondría prisión de uno a cuatro años o una multa de 500 a mil días de salario mínimo, es decir, podrían alcanzar la libertad bajo fianza.
En conferencia de presa, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, destacó que este nuevo cargo es una forma de ser benevolentes con los tuiteros y atiende las peticiones de diversos sectores de la sociedad para "formular leyes más justas y menos severas".
Horas después de presentar la iniciativa, Duarte explicó que con la iniciativa presentada se pretende perfeccionar la legislación, pues anteriormente "no teníamos un ordenamiento legal adecuado donde pudiéramos tipificar esta conducta". El mandatario reconoció que la acusación por terrorismo y sabotaje fue excesiva, pues implica muertes, heridos, daños mayores y otras agravantes que no ocurrieron.
El caso se ha debatido en diversos medios de información y ha trascendido las fronteras del estado e incluso las del país, ya que se trata de un tema relacionado con el ejercicio de libertad de expresión por Internet. Al respecto, el gobernador reiteró que en ningún momento se ha restringido tal libertad. "Cada quien puede hacer y decir lo que corresponda, lo que quiera hacer, lo que quiera decir. Es más, puede decir cosas verdaderas o falsas, (pero) si esta comunicación falsa deriva en un daño a un tercero, entonces sí hay una consecuencia legal", aseveró.
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