Por Marco Lara Klahr/ Edad Medi@_tica
No añadiré el cliché añorante de que,
«sin embargo, en México eso se ha perdido». En el periodismo industrial
mexicano, como en otros de herencia autoritaria, el ingrediente de la
duda ha ido diluyéndose casi hasta desaparecer. Tampoco saldré con el
achaque de que «antes se hacía verdadero periodismo de investigación».
Tenemos un periodismo investigativo más vigoroso que nunca, pero, en
general, se produce fuera de los corporativos noticiosos, lo cual es
explicable: las finanzas de estos dependen crecientemente de materia
prima ―información― chatarra, producida por instituciones y poderes facticos ―chatarra en el sentido de su ínfima calidad y de que es inverificable.
En ese proceso industrializador es donde
a la información se le pasteuriza para matarle el germen de la duda:
permitir que esta viva en las noticias implica mandar a los periodistas a
verificarla, algo que exige inversión, o sea, «pérdidas». Mejor nos
justificamos diciendo que «la velocidad a la que ocurren los hechos» nos
impide constatar la información.
Estas simplificaciones teóricas me
asaltaron una tarde mientras conducía al sur de la Ciudad de México
escuchando a Adriana Pérez Cañedo en la Segunda Emisión de Enfoque
[100.1 FM, agosto 13, 2012]. No digo que ella sea el problema; como el
resto de los periodistas, yo incluido, proviene de la industria
descrita, que entre otros daños sociales produce lo que Pierre Bourdieu
llama «violencia simbólica». Ella es síntoma y corresponsable de un
problema palpable en los siguientes momentos:
1) Al entrevistar a Jorge Camargo,
vocero de la Suprema Corte, acerca de la detención de un exfuncionario
acusado por la Procuraduría General de la República de servir a una
organización criminal, la periodista afirma que «ahora ―dicho
exfuncionario― es un presunto responsable». El problema es que no existe
el tipo penal «presunto culpable», ni puede encontrársele en la
legislación. Es un coloquialismo de averiguación previa que reproduce el
prejuicio en el que se basa el sistema penal inquisitorio: todo
ciudadano sometido a investigación por hechos constitutivos de delito es
culpable; se presume su culpabilidad y no su inocencia, violándose su
derecho al debido proceso.
2) «Los trascendidos dicen que no se
descarta que otros servidores públicos estén involucrados», expone a
Camargo la periodista. Pero, ¡qué son los «trascendidos»! ¿Verdades a
medias? ¿Rumores? ¿Versiones? ¿Decires? Se cuentan entre las peores
lacras del periodismo, son antiperiodismo, pues en el mejor de los casos
se trata de versiones inverificables que se dan por ciertas,
quitándoseles el componente esencial de la duda. Constituyen el
ignominioso monumento al servil acto de fe del periodismo hacia el
poder. Son verdades solo porque se enuncian.
3) Quien a media entrevista era, según
la periodista, «presunto culpable», al final está ya «vinculado con el
cártel de Sinaloa». Fácil. Nadie tuvo que demostrar nada ni se requirió
proceso y juicio. Además, Pérez Cañedo da por sentado que son «las
investigaciones que tienen las autoridades», obviando que en México el
ministerio público suele basarse en «testimoniales», ahorrándose el
acopio científico de evidencias. Así, la certeza del ministerio público
en supuestos testigos se traslada al periodismo; en ambos casos, la duda
muere no obstante su importancia para arribar a la verdad judicial e
histórica.
4) En una nota posterior sobre la
detención de una persona señalada por la Secretaría de Marina de
pertenecer a un cártel criminal, la periodista reproduce el apodo que la
fuente impone al detenido; le cree información tan delicada como que el
detenido tenía «identificaciones de la periodista que fue asesinada,
Ana Irasema Becerra Jiménez», mencionándola como mero trámite, y
refuerza la épica comunicacional destacando la supuesta manera como «se
logró» «la acción».
5) En una posterior noticia sin fuente,
la conductora recurre de nuevo a un cliché, «sicarios»: «Cuatro
presuntos sicarios muertos dejó un enfrentamiento entre elementos del
Ejército y delincuentes en Fresnillo...». Quienes segundo atrás eran
«presuntos», se convierten en «delincuentes». ¿No hay posibilidad de que
el Ejército ocultara así una ejecución extrajudicial? ¿Las víctimas
traían código de barras donde podía leerse «Ocupación: sicario»? ¿Se
justifica el asesinato de delincuentes? ¿Llamar a una víctima mortal
«sicario» no es una sentencia condenatoria contra alguien que, además,
no puede defenderse ni reivindicarse? ¿No es por ello impune quien lo
acusa y condena?
Al matar la Duda el periodismo muere con ella. RIP.
JORGE HAN RHON Y YO. LA DETENCION DE HORGE HAN RHON Y YO ES IDENTICA. LA DE JORGE LA ORDENO EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL FELIPE CALDERON. LA MIA LA ORDENO EL PRESIDENTE LEGITIMO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. AYANARON EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PABLO COATLAN, MIAHUATLA, OAXACA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2009
ResponderEliminarExplícate, lo que escribes no dice nada. Eres hijo de un ex gobernador del Estado de México, eres dueño de un hipódromo, se te vincula con el narco, tomas tequila con víboras de cascabel maceradas o algo así; digo, para que tengas un punto de comparación con Hank Rhon. Y también, no entiendo que injerencia puede tener Andrés Manuel en Miahuatlán, es acaso juez o ministerio público o cómo. Si quieres decir o denunciar algo dilo bien, por favor.
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