El Distrito Federal pareció tomar impulso hacia el respeto del
principio de presunción de inocencia y otros derechos que lo situara en
la vanguardia nacional. Despegó con potencia. Pero se quedó a medio
salto. Y seguirá vejando a personas acusadas de delito, contando para ello con medios noticiosos y periodistas sumisos, acríticos, adictos a esa información chatarra que produce los «tribunales mediáticos».
El martes anterior [abril 2, 2013] publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el «Acuerdo A/004/2013»,
donde Rodolfo Ríos Garza, procurador general de Justicia del DF,
establece el «Protocolo para la presentación ante los medios de
comunicación de personas puestas a disposición del ministerio público».
Es verdad que, respecto de sus dos versiones anteriores, este Protocolo
plantea un cambio histórico de paradigma. Excluye las ruedas de prensa
donde se exhibía mediáticamente a personas detenidas, y hasta a
víctimas. No veremos más ese rito con tufo medieval que permitió al
exprocurador Miguel Ángel Mancera amasar el capital político que lo
llevó a su actual cargo como jefe de Gobierno del DF.
En la información publicada no se darán ya «a conocer ningún apodo,
“alias”, calificativo o pertenencia a alguna banda, que implique
denostación a la persona o al probable responsable». Esto contribuirá a
evitar la estigmatización y discriminación de dichas personas, así como
la tortura a la que eran sometidas para exhibirlas y obligarlas a
inculparse, como demostró la Comisión de Derechos Humanos del DF en su Recomendación 03/2012 a la Procuraduría de Justicia capitalina ―que la rechazó.
Tampoco se publicarán fotografías donde «las personas puestas a
disposición del Ministerio Público, adopten poses, porten, sostengan y
simulen la utilización de los objetos relacionados con el delito que se
investiga, o que aparezcan despojados de su ropa o porten algún
distintivo, salvo que sea por motivos de seguridad». Y «por ningún
motivo deberá publicar[se] documentación que contenga datos personales
de las personas puestas a disposición del Ministerio Público».
Finalmente, «No podrán presentarse fotografías ante los medios de
comunicación de personas menores de dieciocho años de edad, a los que se
les impute la comisión de una conducta tipificada como delito en las
leyes penales, ni divulgar su identidad, el nombre de familiares o
cualquier otro dato que permita su identificación pública».
Sin embargo, en la capital seguirán los «juicios mediáticos»: el «Acuerdo A/004/2013»
apunta «Que tratándose de delitos graves y de aquellos que son
considerados de alto impacto, se hace necesario que las víctimas del
delito se encuentren enteradas de la captura de las personas
relacionadas con la probable comisión de un delito, a efecto de que
comparezcan […] y declaren lo que a su derecho convenga y con ello
evitar la impunidad» ―falacia desmantelada también por la Recomendación 03/2012.
Así, cuando ciudadanos sean acusados de «delitos graves» o «de alto impacto», la Procuraduría podrá publicar en su sitio Web
comunicados con su fotografía, precisando que son «probables
responsables», además de «la narración de los hechos materia de la
investigación, el probable delito atribuible a las personas que aparecen
en las fotografías, su nombre, el modus operandi y la invitación a
otras víctimas para que las reconozcan o identifiquen y presenten su
denuncia o querella».
¿Por qué Gobierno y Procuraduría del DF no terminaron de una vez con
la práctica autoritaria de exhibir en los medios periodísticos a
personas detenidas?
El 14 de marzo, en Washington, durante la audiencia
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde denunciamos a
funcionarios mexicanos por los «tribunales mediáticos», el
subprocurador Jorge Mirón Reyes insistió en que la Procuraduría
capitalina perseveraría exhibiendo en medios a personas imputadas de
delito ―el «Acuerdo A/004/2013»
alude a esta audiencia, precisando que la CIDH «opinó en el sentido de
no compartir la política relativa a la presentación de probables
responsable ante medios de comunicación, por considerarla incompatible
con la protección a los derechos humanos».
No obstante, menos de tres semanas después, la misma Procuraduría
emitió su nuevo Protocolo, que constituye un gran avance, pero
esencialmente mantiene su política ilegal, basada en la «presunción de
culpabilidad» ―por eso alude a «probables responsables».
Tal vez Gobierno y Procuraduría del DF están probando hasta dónde
pueden seguir obteniendo provecho político de esa práctica, pero al
menor costo en cuanto a desprestigio y falta de credibilidad.
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